El VIH sigue siendo un desafío mundial de salud pública, y Panamá no es la excepción. Según datos recientes, en 2022, el 1% de la población panameña vivía con VIH, lo que ubica al país entre los de prevalencia moderada en la región. A pesar de los esfuerzos realizados, las infecciones relacionadas con VIH avanzado son aún una de las principales causas de mortalidad en el país.

La terapia antirretroviral (TAR) ha sido clave para transformar la atención del VIH, convirtiendo la infección en una enfermedad crónica si se mantiene bajo control. Sin embargo, la adherencia al tratamiento y la retención en el sistema de salud son fundamentales para garantizar resultados positivos. Estudios recientes muestran que más del 40% de las personas que viven con VIH en Panamá no logran la supresión viral, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y transmisión.

El país ha realizado avances significativos en la implementación de regímenes de TAR más eficaces, como el tenofovir, lamivudina y dolutegravir (TLD). Este tratamiento, respaldado por la Organización Mundial de la Salud, es tolerable y ofrece una alta barrera a la resistencia. A pesar de ello, datos de 2024 señalan que la adherencia subóptima a este régimen puede conducir a fallos en la supresión viral y problemas de salud a largo plazo, como eventos cardiovasculares y mortalidad prematura.

Panamá enfrenta también retos en el acceso equitativo al tratamiento. En 2022, las cifras nacionales indicaban que solo el 66% de las personas con VIH estaban en tratamiento y apenas el 47% lograba la supresión viral. Estas estadísticas contrastan con los objetivos globales de ONUSIDA, que buscan alcanzar el 95% de diagnóstico, tratamiento y supresión viral para 2030.

Los factores sociodemográficos y psicológicos juegan un rol crucial en la adherencia al TAR y la retención en la atención. Una investigación reciente, titulada «Factores sociodemográficos y psicosociales relacionados con la adherencia al tratamiento antirretroviral y la retención en la atención del VIH en Panamá», realizada en una clínica urbana de Panamá, identificó barreras como dificultades económicas, inseguridad alimentaria y trastornos de salud mental. Además, la discriminación social sigue siendo un obstáculo que impide que muchas personas busquen y mantengan su tratamiento.

La violencia de género también tiene un impacto significativo. Según el estudio, muchas mujeres y personas transgénero reportaron haber experimentado violencia emocional o física, lo que afecta su capacidad para adherirse al tratamiento y asistir a las citas médicas. Estas situaciones resaltan la importancia de abordar las desigualdades de género como parte integral de la respuesta al VIH en el país.

A pesar de las dificultades, Panamá ha avanzado estructuralmente en la lucha contra el VIH. Desde 2016, el tratamiento y la atención son gratuitos para toda la población. Sin embargo, se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer la educación, reducir el estigma y garantizar la accesibilidad a los servicios, especialmente en poblaciones vulnerables.

Los resultados del estudio subrayan la necesidad de intervenciones específicas para mejorar la adherencia al TAR y la retención en la atención. Diseñar estrategias integrales que aborden factores sociales, económicos y de salud mental será clave para cumplir con las metas de ONUSIDA y reducir el impacto del VIH en Panamá.