Una investigación presentada por el sociólogo e investigador Euclides Antonio Méndez del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), de la Universidad de Panamá, advirtió que Panamá enfrenta una creciente tensión social producto del deterioro del salario real, el aumento sostenido del costo de la vida y la precarización del empleo.
El informe titulado “Panamá en tensión social: ocupación, empleo, salarios y costo de la vida al cierre del primer cuarto del siglo XXI” revela que, pese al crecimiento económico registrado en los últimos años, la mayoría de la población trabajadora no percibe mejoras reales en su calidad de vida.
De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2025 la mediana salarial apenas creció 4.7%, mientras que el costo de la vida aumentó más de 16%, ampliando la brecha entre ingresos y gastos básicos en las ciudades de Panamá y Colón, así como en otras áreas urbanas del país.
El estudio destaca que más del 71% de los trabajadores gana menos de mil balboas mensuales y que menos del 15% supera los B/.1,500, evidenciando una fuerte desigualdad salarial y territorial. Además, señala que los sectores agropecuario, doméstico e informal continúan siendo los más afectados por bajos ingresos y precariedad laboral.
La investigación también alertó sobre el impacto del reciente aumento en los combustibles registrado entre febrero y abril de 2026, donde la gasolina aumentó 25% y el diésel 46%, situación que podría provocar un incremento del costo de vida de entre 6% y 12% durante este año.
Según las proyecciones del informe, el déficit mensual promedio de los hogares panameños podría alcanzar entre B/.380 y B/.450, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de la población.
La investigación advierte además sobre posibles escenarios de conflictividad social entre 2026 y 2027, impulsados por el aumento del costo de los alimentos, la desigualdad persistente y la percepción de inequidad social. Entre los escenarios previstos se encuentran protestas por el costo de la vida, movilizaciones laborales y conflictos sectoriales.
El documento también cuestiona el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), señalando retrocesos en áreas como reducción de la pobreza, hambre cero, trabajo decente y disminución de desigualdades.
Ante este panorama, el investigador plantea la necesidad de impulsar reformas estructurales orientadas a mejorar los salarios, reducir la desigualdad, fortalecer la producción nacional y establecer políticas públicas que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores.
“La combinación de salarios insuficientes, alto costo de la vida y desigualdad estructural configura un escenario de vulnerabilidad creciente”, concluye el informe.
Por: Irina Chan Castillo / Foto: Generada con IA.





